Según informa El Correo, el Gobierno vasco ha endurecido el proyecto de ley de Servicios Sociales para evitar que se produzcan fraudes con las prestaciones; sobre todo, para impedir que algunos inmigrantes en situación irregular puedan empadronarse en Euskadi con el propósito de reclamar servicios o subsidios mientras mantienen su domicilio real en otro lugar.
En principio, continúa la información, la futura ley seguirá reconociendo a los ‘sin papeles’ el derecho a utilizar los servicios sociales igual que los españoles y los extranjeros en situación legal. Basta que estén inscritos en el padrón durante un año, tal y como estaba previsto. La novedad estriba en que ahora se imponen varias condiciones adicionales: que residan de forma «efectiva» en el País Vasco, que los doce meses de permanencia sean ininterrumpidos y que ese periodo sea «inmediatamente anterior» a la solicitud de las prestaciones.
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