Nerea Melgosa escribía un artículo de opinión en Diario de Noticias de Álava sobre la situación de “ELENA, colombiana, que lleva un año entre nosotros y todavía no dispone del único papel que la acredita como ciudadana de Vitoria: el certificado de padrón. No puede indicar como domicilio su piso de alquiler porque allí ya hay empadronadas otras cinco personas. Un año de puertas cerradas a muchos derechos: la cartilla sanitaria, los alquileres sociales, la regularización por arraigo… En su país era ingeniera. Aquí trabaja todos los días por 800 euros al mes. Vendió su casa de Bogotá y allí dejó dos hijos a los que, de momento, no puede traer. Muchas cosas dependen de un solo papel”.
Esta situación que viven muchos inmigrantes es la que más se acerca a la realidad de aquellos que desean labrarse un futuro en este País. Las personas inmigrantes quieren pertenecer a la sociedad en la que residen, desean participar no sólo en el mercado laboral sino en el resto de ámbitos de las esferas pública y privada. La Administración Pública debe legislar para que esa ciudadanía inclusiva sea un hecho y no sólo un deseo, con el objetivo de la integración como un proceso de adaptación entre la población inmigrada y la población originaria.
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